Suiza, mediante la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero, advierte que las ICO generadas en el país, deben cumplir la legislación vigente para evitar blanqueo de capitales y estafas.

Las Ofertas Iniciales de Moneda o ICO, son un problema dentro del mercado de las criptomonedas, porque algunas terminan en estafa y se pone a todas las ICO y criptomonedas en el mismo saco, lo que es un error. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA), ha comunicado que están investigando en el proceso por el que las ICO que se realicen en Suiza estén vinculadas a las leyes del país.

Hay un gran aumento de ICO para financiar diferentes proyectos y se ha dado también un aumento de las estafas relacionadas. El gobierno chino puso el veto a las ICO por culpa de las estafas, pero la FINMA, ha publicado un documento, en el que destaca los avances que suponen la tecnología blockchain y el potencial que tiene este en el mercado financiero suizo. Esto no quita que se necesiten medidas de control para proteger el mercado de estafas vinculadas a las ICO y también proteger a los inversores.

Suiza en 2002 aprobó una normativa que se denominó ‘neutralidad tecnológica’, que hacia legales a nivel jurídico los medios electrónicos cuando son usados para fines administrativos. Es por este motivo, que algunos aspectos de las ICO pueden ser vinculados a la legislación de Suiza, con respecto a la función de los servicios prestados por los ofertantes. Asi mismo, las ICO suizas, deberán cumplir las leyes del país y entre ellas, las que buscan evitar el blanqueo de capitales, eso sí, cuando las ICO emitan un instrumento de pago. La FINMA podría pedir una licencia bancaria especial cuando las ICO admitan depósitos bancarios.

Aquellos token identificados como valores, requieren una licencia especial para comerciar con ellos. Los activos que sean recolectados por las ICO que sean gestionados externamente, deberán regirse por las leyes de planes de inversión colectiva. Suiza además, recomienda a quien quiera lanzar una ICO, que se informe sobre la legislación en el país y evitar posibles sanciones futuras. No solo se busca proteger la economía del país, sino también a los usuarios que quieran invertir en las ICO.