España: Real Decreto-Ley publicado hoy por el BOE permite cerrar páginas web sin necesidad de orden judicial

Drecretazo de Pedro Sánchez, Presidente en Funciones de España, establece que se pueden cerrar páginas web con “caracter excepcional” sin necesidad de orden judicial

Uno de los países con mayor censura de internet en el mundo es China, quien filtra qué páginas se pueden ver en el país. Hemos visto cómo en España se han cerrado páginas web, siempre con orden judicial de por medio. La orden judicial ya no será necesaria tras la aprobación exprés de un Real Decret-Ley que permite al poder legislativo cerrar una web sin necesidad de orden judicial.

El Real Decreto-Ley 14/2019 del 31 de octubre ha sido publicado hoy en el BOE. Justo horas después del debate electoral entre los candidatos a la presidencia de España. Dicho documento establece que “el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”

Todo esto nace a raíz de la plataforma Tsunami Democratic que aboga por la independencia de Cataluña. El Presidente en Funciones de España, Pedro Sánchez alega una cuestión de “orden público” para la norma. Una norma que le permitirá intervenir páginas web y otras plataformas “con carácter excepcional”

Capítulo IV: Medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones

Artículo 6. Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Uno. Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 4, que queda redactado de la manera siguiente:

El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Asimismo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el Título III de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, e igualmente con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes.

Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de intervención de este o los de intervenir o explotar las redes a los que se refieren los párrafos anteriores se adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una Administración Pública competente. En este último caso, será preciso que la Administración Pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas. En el supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una Administración distinta de la del Estado, aquella tendrá la consideración de interesada y podrá evacuar informe con carácter previo a la resolución final.

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Cinco. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 81, que queda redactado como sigue:

«1. Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

b) Cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.

c) Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias.

d) Cuando se interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas.

e) Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico.»

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Una norma que podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional

La norma publicada llega para modificar la denominada Ley Mordaza, que ha servido, entre otras cosas, para llevar a cantantes y tuiteros ante la justicia. El Bufete Almeida, especializado en derecho digital, destaca que una Ley Orgánica no puede modificarse mediante Real Decreto-Ley. Aunque parece ser que la parte retocada no tendría carácter orgánico. Destaca este bufete que “ningún funcionario administrativo puede cerrar una web sin cometer un delito. Esto caerá en el Constitucional, como cayó el spam político de la Ley de Protección de Datos.”

Recordemos que el Partido Socialista Obrero Español ya dijo que cuando gobernara derogaría la conocida como Ley Mordaza. En año y medio en el Gobierno, Pedro Sánchez no ha modificado un solo punto de la norma, hasta ahora, que la ha vuelto más dura.

El problema es que la normal puede aplicarse a discreción y provocar graves perjuicios. Se podría dar el caso de censurar páginas web o servicios legítimos. Recordar también que en España existe el derecho a la Libertad de Expresión, algo contra lo que podría atentar esta norma exprés.